Por Mgter. Grugdiva Chillambo Córdoba
Psicólogo Forense, Mayor (R)
Analista de Inteligencia Criminal
Miembro de CONAPOL
RESUMEN EJECUTIVO
El fenómeno del préstamo informal conocido como “gota a gota” constituye una amenaza emergente para la seguridad ciudadana, la estabilidad psicosocial y la economía vulnerable de sectores populares en Panamá. Casos documentados en San Miguelito, El Cangrejo, Panamá Este, Pacora y Don Bosco evidencian la presencia activa de redes dedicadas a la usura informal, mediante préstamos de bajo monto, cobros diarios o semanales, intereses superiores al 20% mensual y métodos de presión que incluyen acoso, intimidación y violencia.
Desde una perspectiva de Inteligencia Criminal, el “gota a gota” no debe ser entendido únicamente como un problema financiero individual, sino como una dinámica criminal de control social y económico que explota la exclusión financiera, la informalidad laboral y la necesidad inmediata de liquidez. La operación de estas redes combina captación de deudores vulnerables, cobro territorializado, uso de motocicletas, registros de clientes, manejo de efectivo y posible articulación con actores extranjeros o estructuras criminales transnacionales.
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL
Detrás de cada “préstamo fácil” de cincuenta o cien dólares que circula en barrios populares de la capital y el interior, suele esconderse un mecanismo de control financiero, social y, en muchos casos, criminal. Se le conoce como “gota a gota”: dinero en efectivo entregado sin garantías ni papeleo, que se cobra en cuotas diarias o semanales con intereses que pueden superar el 20% mensual, muy por encima de cualquier tasa bancaria.
Aunque durante años se pensó en este fenómeno como algo exclusivo de Colombia, donde nació durante el auge del narcotráfico en los años noventa, hoy las autoridades panameñas reconocen su presencia activa en el país, con operativos que han desnudado tanto su alcance económico como su capacidad de generar daño psicológico en las víctimas.
Operativos que confirman la magnitud del problema
En enero de 2025, unidades de la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, allanaron una vivienda en Brisas del Golf, San Miguelito, donde operaba un centro de préstamos “gota a gota”. En el lugar se decomisaron computadoras, listados de clientes, motocicletas y dinero en efectivo, y se detuvieron a varios ciudadanos extranjeros vinculados a la red.
Meses después, en marzo de 2025, un operativo en el sector de El Cangrejo terminó con la detención de ocho colombianos y un panameño, además del decomiso de más de $10,500 en efectivo. Según las autoridades, los solicitantes recibían sumas pequeñas —cuotas diarias de $5, $8 o $10— a cambio de intereses extremadamente elevados.
Más al este de la ciudad, en zonas como Pacora y Don Bosco, se han reportado más de 120 personas afectadas, atrapadas en ciclos de deuda con tasas que, según cifras citadas por medios locales, llegan a superar el 20% mensual.
Un delito que ya está en el Código Penal
Lo que distingue al “gota a gota” de un simple problema de sobreendeudamiento es su naturaleza ilegal. Panamá reincorporó la usura como delito en su Código Penal, estableciendo límites a las tasas de interés que pueden cobrar entidades financieras formales. Cualquier préstamo que exceda de manera “superlativa” esos límites —como ocurre sistemáticamente con el “gota a gota”— cae dentro de esa figura penal.
El problema, advierten especialistas, no es la ausencia de ley, sino la dificultad para aplicarla: las víctimas rara vez denuncian, por miedo a represalias o por desconocimiento de que existen canales formales para hacerlo.
El costo psicológico: “no es solo dinero”
Como psicólogo forense, he podido observar de cerca cómo el endeudamiento informal no se queda en lo financiero. Genera ansiedad persistente, estrés crónico, deterioro de las relaciones familiares y una sensación constante de inseguridad. A diferencia de una deuda bancaria, aquí el deudor vive bajo la amenaza directa del cobrador, que puede recurrir al acoso, la intimidación e incluso la violencia física contra él o su familia.
Ese componente de coerción transforma lo que comenzó como un problema económico en un problema de seguridad ciudadana y de salud mental comunitaria. La presión de un pago diario, en hogares donde los ingresos dependen de la venta informal o el jornal, puede desencadenar crisis de ansiedad, insomnio y, en los casos más severos, episodios depresivos.
La otra cara: exclusión financiera
Detrás del auge de estos prestamistas hay también una realidad estructural. A marzo de 2025, la deuda total de los panameños con bancos, cooperativas y financieras superó los $40,706 millones, con una morosidad en tarjetas de crédito cercana al 13%. Más de 2.3 millones de personas están registradas en el sistema formal de crédito, pero ese acceso sigue siendo limitado para quienes trabajan de manera informal o no cuentan con historial crediticio.
Aunque el 55% de los trabajadores informales en Panamá ya utiliza billeteras móviles —una cifra superior al promedio regional—, esa digitalización no se ha traducido todavía en acceso real a microcréditos regulados. Es exactamente ese vacío el que los prestamistas informales han aprendido a ocupar.
¿Qué se puede hacer?
Las recomendaciones de quienes estudian el fenómeno apuntan en una dirección clara: más educación financiera, más microcrédito regulado dirigido a la población informal, persecución penal efectiva de las redes —no solo de casos aislados— y, algo que muchas veces se olvida, acompañamiento psicosocial para las víctimas que ya cayeron en estos esquemas.
En un contexto de ajuste fiscal, con una deuda pública que cerró 2025 en $59,349 millones —un 10.4% más que el año anterior—, el riesgo de que el Estado reduzca programas de inclusión financiera es real. Y si ese vacío no se llena con alternativas legales, advierte el autor de este análisis, lo llenarán, una vez más, los prestamistas del “gota a gota”.
Conclusión
Primero, el “gota a gota” debe entenderse como una práctica delictiva que aprovecha la necesidad económica inmediata de la población vulnerable para imponer deudas abusivas, dependencia financiera y mecanismos de intimidación personal o familiar.
Segundo, su expansión representa un riesgo directo para la seguridad ciudadana, porque transforma un préstamo informal en una forma de presión criminal, afectando la tranquilidad comunitaria, la salud emocional de las víctimas y la confianza en las instituciones.
Tercero, la respuesta del Estado debe apoyarse en inteligencia criminal, orientada a identificar financistas, cobradores, zonas de operación, patrones de captación, métodos de cobro y posibles conexiones transnacionales, con el fin de desarticular la estructura completa y no solo capturar actores aislados.
Recomendaciones de inteligencia
- Conformar una línea de investigación basada en inteligencia criminal, orientada a identificar la estructura completa de las redes “gota a gota”: financistas, coordinadores, cobradores, captadores de víctimas, rutas de cobro, zonas de influencia y posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales.
- Desarrollar un mapa geocriminal de los sectores con mayor incidencia, priorizando áreas como San Miguelito, El Cangrejo, Panamá Este, Pacora, Don Bosco y otros puntos donde existan patrones de préstamos informales, intimidación, cobros diarios y denuncias por amenazas.
- Fortalecer la recolección de información mediante fuentes abiertas, denuncias ciudadanas, análisis financiero, entrevistas protegidas a víctimas y cooperación interinstitucional entre Policía Nacional, Ministerio Público, entidades financieras, municipios y autoridades migratorias.
- Aplicar análisis de patrones para detectar coincidencias en métodos de operación, nacionalidad de los implicados, uso de motocicletas, teléfonos, libretas de cobro, transferencias, manejo de efectivo y formas de intimidación empleadas contra las víctimas.
- Priorizar la persecución de la red y no solo de los cobradores visibles, ya que estos suelen ser el eslabón operativo más expuesto, mientras que los verdaderos beneficiarios económicos pueden mantenerse ocultos detrás de terceros o estructuras informales.
- Establecer mecanismos seguros de denuncia y protección a víctimas, considerando que el miedo a represalias es uno de los principales factores que permite la continuidad de estas redes delictivas.
- Integrar el componente psicosocial dentro del análisis de inteligencia, debido a que el “gota a gota” no solo genera afectación económica, sino también ansiedad, miedo, deterioro familiar y pérdida de control sobre la vida cotidiana de las víctimas.
Fuentes: Policía Nacional, Ministerio Público, Panamá América, Telemetro, Infobae, Sistema de Análisis de Grupos Armados (UNODC), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Experian, Credicorp & Ipsos.
