PERÚ, GOBIERNO DE FUJIMORI: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA POLÍTICA
1. NATURALEZA DE LA COYUNTURA
Keiko Fujimori fue declarada presidenta electa del Perú después de imponerse en la segunda vuelta electoral con 50.135% de los votos, frente al 49.865% obtenido por Roberto Sánchez. La diferencia, cercana a 50,000 votos, confirma que asumirá el 28 de julio de 2026 con legitimidad jurídica plena, pero con un mandato político estrecho y una sociedad prácticamente dividida en dos bloques. Su gobierno será el primero que opere con el Congreso bicameral restaurado, compuesto por una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60.
La coyuntura no es equivalente a la de los gobiernos anteriores. Fuerza Popular será la primera minoría en ambas cámaras, con 41 diputados y 22 senadores, y la destitución presidencial requerirá superar filtros en las dos cámaras. Esta arquitectura eleva el costo de una vacancia y ofrece a Fujimori una base de protección superior a la que tuvieron varios de sus predecesores. Sin embargo, no posee mayoría propia y deberá negociar de manera permanente con partidos de derecha, centro y representación regional.
La principal conclusión es que Fujimori tiene una posibilidad moderadamente alta de completar el mandato, estimada entre 60% y 65%, siempre que mantenga una coalición legislativa, evite escándalos de corrupción en su círculo inmediato y produzca resultados visibles en seguridad durante los primeros dieciocho meses. El retorno del bicameralismo y el tamaño de su bancada reducen el riesgo de una destitución súbita, pero no eliminan la posibilidad de una crisis de gobierno, censuras ministeriales, protestas regionales o fracturas dentro del bloque oficialista.
2. ACTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
Actores principales: Keiko Fujimori y el Poder Ejecutivo; Fuerza Popular; la Cámara de Diputados y el Senado; los partidos de derecha, centro y representación regional; la oposición política; el Banco Central de Reserva del Perú; la Policía Nacional; las Fuerzas Armadas; el Ministerio Público y el sistema de justicia. La estabilidad presidencial dependerá de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, de la capacidad de preservar la autonomía institucional y de los resultados que el Estado produzca en seguridad y economía.
Actores secundarios: gobiernos regionales y locales, comunidades mineras y rurales, organizaciones empresariales, micro y pequeñas empresas, sindicatos, transportistas, Petroperú, pequeños mineros formalizables, redes de minería ilegal, organizaciones vinculadas al narcotráfico, remanentes terroristas, fiscalías especializadas, aduanas, inteligencia financiera y autoridades ambientales. Estos actores no controlan por sí solos la coyuntura, pero pueden acelerar o bloquear inversión, reformas, seguridad territorial y gobernabilidad.
3. CORRELACIÓN DE FUERZAS
La correlación política favorece inicialmente a Fujimori, pero no le garantiza control. Fuerza Popular es la bancada más grande en ambas cámaras y la vacancia deberá superar el filtro bicameral. Al mismo tiempo, necesitará al menos 65 votos en la Cámara de Diputados y 31 en el Senado para controlar decisiones ordinarias, y umbrales superiores para reformas constitucionales o procesos de vacancia. Una alianza inicial con Renovación Popular y otras fuerzas conservadoras podría darle margen, pero esos apoyos serán transaccionales.
La oposición mantiene capacidad para movilizar el antifujimorismo, cuestionar medidas de excepción y convertir investigaciones, protestas o crisis de seguridad en mecanismos de presión presidencial. En el plano económico, el gobierno recibirá fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos, pero con crecimiento insuficiente, pobreza e informalidad. En seguridad, el Estado conserva capacidades militares y policiales importantes, aunque enfrenta redes criminales adaptativas, debilidad investigativa, control penitenciario insuficiente y presencia estatal desigual.
4. EVENTOS QUE ROMPEN LA NORMALIDAD
Primero, Fujimori llega a la Presidencia con una diferencia electoral mínima y una sociedad prácticamente dividida en dos bloques. Esta situación reduce su margen político inicial y obliga a construir legitimidad mediante resultados y acuerdos.
Segundo, el retorno del Congreso bicameral modifica la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La destitución presidencial será más compleja que en periodos anteriores, pero la negociación deberá producirse simultáneamente en dos cámaras.
Tercero, Fuerza Popular será la primera minoría, pero no tendrá mayoría propia. El Congreso puede convertirse en el principal escudo de la presidenta o en su principal vulnerabilidad si la coalición se fragmenta.
Cuarto, la economía parte de una posición macroeconómica relativamente estable, con crecimiento proyectado de 2.8% para 2026, inflación cercana a 2.5%, deuda pública alrededor de 32% del producto interno bruto y reservas internacionales elevadas. El reto será transformar estabilidad en inversión, formalidad, empleo y reducción de pobreza.
Quinto, la extorsión, el sicariato, el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y la minería ilegal han dejado de ser problemas sectoriales y se han convertido en amenazas directas a la gobernabilidad, la inversión y el control territorial.
5. DIMENSIÓN POLÍTICA
El primer reto será gobernar sin confundir primera minoría con mayoría. La estabilidad dependerá de acuerdos sobre la mesa directiva, presupuesto, seguridad, minería y designaciones institucionales. Una coalición exclusivamente transaccional puede sostener votaciones puntuales, pero no necesariamente proteger al gobierno durante una crisis prolongada.
El segundo reto será superar el antifujimorismo. La victoria estrecha y la memoria del gobierno de Alberto Fujimori facilitarán que cada medida de excepción, despliegue militar o choque con el sistema judicial sea interpretada por la oposición como una deriva autoritaria. Un gabinete compuesto exclusivamente por figuras partidarias aumentaría el rechazo; un gabinete técnico, regionalmente representativo y con credibilidad ética ampliaría su margen de maniobra.
El tercer reto será mejorar la relación del Gobierno con las regiones del interior del país, especialmente con las zonas mineras y rurales. Estas comunidades exigirán que los beneficios de la actividad económica se traduzcan en obras, acceso al agua, servicios de salud, conectividad y mayor participación en las decisiones que las afectan. Si estas demandas no son atendidas oportunamente, los conflictos sociales y ambientales pueden provocar bloqueos de carreteras, interrupciones en los corredores mineros y nuevas crisis políticas. Para reducir este riesgo, el Gobierno deberá establecer canales de diálogo permanente, mantener presencia efectiva en el territorio y cumplir los compromisos asumidos con las comunidades.
El cuarto reto será preservar la autonomía de las instituciones. Intentar controlar el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría o el sistema electoral produciría una reacción política inmediata y podría unificar a una oposición hoy fragmentada. Durante los primeros cien días, la prioridad debería ser establecer una coalición legislativa pública y programática, designar un gabinete técnico con representación regional y comunicar metas verificables.
6. DIMENSIÓN MILITAR Y DE SEGURIDAD
El desafío inmediato será la extorsión y el sicariato. En 2025 las denuncias por extorsión se aproximaron a 29,000 y los homicidios superaron los 2,200, con especial presión sobre transportistas, comerciantes y pequeñas empresas.
La propuesta de centros C5I, cámaras y autos patrulleros inteligentes puede mejorar la respuesta, pero la tecnología no sustituye investigadores, fiscales, peritos, protección de testigos y control penitenciario.
El segundo desafío será definir con claridad el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. El plan de Fuerza Popular propone crear comandos conjuntos contra la minería ilegal, desplegar operaciones militares y policiales en Tumbes y asignar temporalmente a las Fuerzas Armadas la administración de megaprisiones. Estas medidas pueden ser necesarias en situaciones excepcionales y por tiempo limitado, pero existe el riesgo de convertirlas en funciones permanentes.
Por ello, las Fuerzas Armadas deben concentrarse principalmente en la defensa nacional, el control de fronteras y territorios, la atención de emergencias y el combate de amenazas armadas extranjeras. La Policía Nacional debe conservar la responsabilidad principal sobre la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia común.
El tercer desafío será el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Las operaciones de junio de 2026 contra laboratorios de coca muestran que persiste una convergencia entre remanentes terroristas, narcotráfico y control de rutas. El objetivo no debe limitarse a destruir infraestructura ilícita; requiere inteligencia humana, interdicción aérea y fluvial, sustitución económica, protección de comunidades y continuidad estatal después de cada operación.
El cuarto desafío será la minería ilegal en Pataz, Madre de Dios y corredores amazónicos. Allí el problema involucra armas, explosivos, secuestros, trata de personas, corrupción y lavado de activos. La respuesta eficaz exige un comando interagencial con Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, aduanas, inteligencia financiera y autoridades ambientales. Operaciones sin investigación patrimonial permitirían que las redes se regeneren.
Finalmente, el gobierno deberá atender modernización, ciberdefensa, vigilancia de fronteras, protección de infraestructura crítica y respuesta ante desastres. Durante el primer año deberá aprobar una política de defensa que defina claramente las misiones de las Fuerzas Armadas en apoyo al orden interno y evite que sean utilizadas como sustituto permanente de una Policía y un sistema de justicia debilitados.
7. DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SISTÉMICA
La situación es favorable en comparación con otros países de la región, pero el crecimiento potencial continúa cerca de 2.8%, insuficiente para cerrar brechas sociales con rapidez. La pobreza todavía alcanzaba 27.6% en 2024 y la informalidad domina el tejido de las micro y pequeñas empresas. El gobierno deberá elevar productividad y empleo formal sin destruir la disciplina fiscal ni la independencia del Banco Central de Reserva del Perú.
El primer frente será la inversión. Fujimori propone una Ventanilla Única Digital, eliminar más de 500 trámites y reducir los tiempos de aprobación de proyectos. Estas medidas pueden reactivar minería, energía e infraestructura, pero solo funcionarán si se acompañan de seguridad jurídica, capacidad técnica regional y mecanismos de consulta con las comunidades.
El segundo frente será la minería. El Perú dispone de una cartera de proyectos cercana a 63,000 millones de dólares, principalmente vinculada al cobre, pero la minería ilegal y el régimen temporal de formalización han creado economías criminales y redes políticas corruptas. La trazabilidad del oro, la interdicción financiera y el control de insumos serán tan importantes como los operativos militares.
El tercer frente será Petroperú. Su plan propone concentrar la empresa en refinación y distribución, vender activos no estratégicos y separar la administración del Oleoducto Norperuano. La reestructuración será necesaria para reducir presiones fiscales, pero implicará costos laborales, resistencia política y posibles cuestionamientos sobre privatización. El proceso deberá ser transparente, gradual y acompañado de auditoría independiente.
El cuarto frente será el cumplimiento de promesas y recursos. Construcción de colegios, megaproyectos de transporte, nuevos penales, cámaras de vigilancia, patrulleros policiales, aumentos de pensiones e incentivos tributarios pueden ampliar el déficit si se ejecutan simultáneamente. La ruta más viable es priorizar proyectos con impacto rápido, asociaciones público-privadas bien estructuradas y gasto social focalizado, mientras se amplía la base tributaria mediante formalización y mejor administración. La meta de reducir el déficit fiscal a 1% del producto interno bruto en 2031 limitará el ritmo de ejecución.
8. ESCENARIO MÁS PROBABLE
El escenario más probable es que Fujimori logre completar su mandato, aunque deberá negociar permanentemente con otras fuerzas políticas. La probabilidad de que llegue a 2031 se estima entre 60% y 65%. Para ello, tendrá que mantener una coalición flexible en el Congreso, aceptar cambios de ministros cuando sean necesarios, preservar la estabilidad económica y conseguir resultados graduales contra la extorsión y la inseguridad.
Su gobierno probablemente enfrentará protestas, disputas políticas y periodos de baja aprobación, pero estas dificultades no necesariamente provocarían una salida anticipada. Este escenario dependerá de que Fujimori gobierne como líder de una coalición amplia, evite escándalos de corrupción y no mantenga conflictos simultáneos con el Congreso, las regiones, el sistema judicial y los sindicatos.
9. ESCENARIO DE MAYOR RIESGO
El escenario de mayor riesgo es una salida anticipada, con una probabilidad estimada entre 15% y 20%. Un escándalo de corrupción, una crisis grave de seguridad, muertes durante protestas o una ruptura dentro de Fuerza Popular podría crear una coalición transversal para la vacancia. Este escenario aumentaría si la presidenta intenta controlar instituciones o emplea a las Fuerzas Armadas sin límites jurídicos claros. La pérdida de aliados en ambas cámaras sería el indicador decisivo de deterioro.
10. ESCENARIO ALTERNATIVO
El escenario alternativo es un mandato completo con crisis recurrentes, con una probabilidad estimada entre 20% y 25%. Fujimori pierde parte de sus aliados, enfrenta protestas y censuras, y gobierna con baja aprobación. Completa el periodo porque la oposición no reúne los votos en ambas cámaras o teme el costo de una nueva interrupción institucional. En este escenario, el gobierno conserva estabilidad formal, pero reduce su capacidad para impulsar reformas, inversión y una política de seguridad sostenida.
11. CONCLUSIÓN DE INTELIGENCIA
PRIMERO: Keiko Fujimori recibirá un Estado con estabilidad macroeconómica, pero con baja confianza institucional, crimen en expansión y fragmentación territorial. Su desafío no será rescatar al Perú de una crisis económica inmediata, sino demostrar que el sistema político puede volver a producir gobierno, seguridad y resultados.
SEGUNDO: La nueva estructura bicameral y la primera minoría de Fuerza Popular aumentan sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, el mismo poder legislativo que la protege puede convertirse en una fuente de presión si la coalición se fragmenta. El Congreso será simultáneamente su principal escudo y su principal vulnerabilidad.
TERCERO: En síntesis, es más probable que Fujimori complete el mandato a que sea destituida. La conclusión del periodo es moderadamente probable, pero dependerá de su capacidad para negociar, producir resultados, preservar la legalidad, administrar los recursos fiscales y evitar que la inseguridad destruya su legitimidad antes de consolidar el gobierno.
ANEXO DE INTELIGENCIA
INDICADORES PARA MONITOREAR
• Composición del gabinete y nivel de representación técnica y regional.
• Acuerdos legislativos entre Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas.
• Elección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.
• Evolución de censuras ministeriales, investigaciones y fracturas dentro del bloque oficialista.
• Resultados de seguridad en extorsión, homicidios, sicariato y control penitenciario.
• Empleo de las Fuerzas Armadas en orden interno y existencia de límites temporales y jurídicos claros.
• Operaciones contra narcotráfico y remanentes terroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
• Control de minería ilegal, explosivos, lavado de activos y trazabilidad del oro.
• Avance de la reestructuración de Petroperú y sus efectos fiscales y laborales.
• Impulso de proyectos mineros y de infraestructura con acuerdos territoriales previos.
• Evolución del crecimiento, pobreza, informalidad, déficit fiscal e inversión privada.
• Conflictos socioambientales, bloqueos de corredores mineros y protestas regionales.
• Respeto a la autonomía del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Contraloría y sistema electoral.
• Aprobación de una política integral de defensa, modernización, ciberdefensa y protección de infraestructura crítica.
