ANÁLISIS DE COYUNTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD – COLOMBIA
ANÁLISIS DE COYUNTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD – COLOMBIA
Fecha: 6 de julio de 2026.
Período estimado: 7 de agosto al 5 de noviembre de 2026.
1. NATURALEZA DE LA COYUNTURA
La coyuntura colombiana posterior a la elección de Abelardo de la Espriella se define por el tránsito de un ciclo político de negociación con actores armados, reforma social y polarización ideológica, hacia una fase de restauración del orden, recentralización del poder ejecutivo y reposicionamiento de la seguridad como prioridad nacional. El Consejo Nacional Electoral le entregó el acta como presidente electo tras una segunda vuelta estrecha frente a Iván Cepeda, y su posesión está prevista para el 7 de agosto de 2026.
El nuevo gobierno llega con tres presiones simultáneas. La primera es política: deberá gobernar un país dividido electoralmente y construir mayorías en el Congreso, a pesar de haber hecho campaña contra parte del establecimiento político o estatus quo. La segunda es económica: heredará una situación fiscal compleja, con necesidad de refinanciar o reperfilar deuda, recuperar confianza de mercados y ordenar el gasto público. La tercera es militar y de seguridad: recibirá un escenario deteriorado por el crecimiento de grupos armados, economías ilícitas, cultivos de coca, extorsión, control territorial criminal y fragmentación de actores ilegales.
En los primeros 90 días no debe esperarse una transformación estructural del país, sino una fase de choque inicial: decretos, nombramientos, revisión de políticas heredadas, presión sobre grupos armados, acercamiento a la banca nacional e internacional, negociación con partidos tradicionales y confrontación discursiva con la oposición de izquierda.
2. ACTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
Actores principales: presidente electo Abelardo de la Espriella, vicepresidente electo José Manuel Restrepo, Congreso de la República, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Corte Constitucional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, partidos tradicionales, oposición del Pacto Histórico, grupos armados ilegales y gobierno saliente de Gustavo Petro.
De la Espriella buscará presentarse como un jefe de Estado de orden, ruptura con el pasado y autoridad frente a las amenazas de seguridad pública y nacional.Sin embargo, su equipo de transición muestra un equilibrio entre el mensaje de cambio político que impulsó su campaña y la incorporación de figuras con experiencia técnica e institucional.
El empalme ha sido liderado por José Manuel Restrepo, mientras que nombres como Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda y Fabio Arjona en Ambiente sugieren una línea inicial más institucional y pragmática que puramente rupturista con la política tradicional.
El Congreso será decisivo. El bloque fijo de apoyo de derecha no alcanza por sí solo las mayorías requeridas, por lo que el nuevo gobierno necesitará negociar con el Partido Conservador, La U y sectores del Partido Liberal. Esto implica que, pese al discurso de ruptura, el primer trimestre de gobierno probablemente estará marcado por acuerdos con actores tradicionales para aprobar reformas, especialmente en materia fiscal, seguridad y reorganización administrativa.
Actores ilegales relevantes: Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, Clan del Golfo, estructuras narcotraficantes regionales, redes de minería ilegal, bandas urbanas, grupos dedicados a extorsión, contrabando, secuestro y control territorial.
Actores secundarios: Estados Unidos, organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional (FMI), banca internacional, Organización de Naciones Unidas (ONU), gobiernos vecinos, sector empresarial, sindicatos, organizaciones sociales, comunidades rurales, autoridades departamentales y alcaldías de zonas críticas.
3. CORRELACIÓN DE FUERZAS
La correlación institucional favorece al nuevo presidente en el plano formal, pero no necesariamente en el plano político. De la Espriella tendrá el mando constitucional del Ejecutivo, la Fuerza Pública y la agenda gubernamental, pero necesitará legitimidad legislativa, respaldo judicial y coordinación territorial para convertir sus promesas en resultados. Su margen inicial será alto en comunicación política, pero limitado en ejecución estructural.
En el Congreso, la correlación de fuerzas no será automática, sino negociada. Aunque De la Espriella contará con un bloque natural de apoyo, ese respaldo no parece suficiente para garantizar mayorías estables. Por ello, el nuevo gobierno tendrá que optar entre construir una coalición amplia, aceptando acuerdos y concesiones políticas, o intentar avanzar mediante decretos y decisiones ejecutivas de alto impacto. La primera opción le daría mayor estabilidad institucional, aunque reduciría la velocidad de sus reformas. La segunda le permitiría proyectar autoridad y rapidez, pero aumentaría el riesgo de choques con las cortes judiciales, bloqueo judicial y movilización social. En consecuencia, la gobernabilidad será el primer campo de batalla del nuevo gobierno.
En el plano militar, el Estado conserva superioridad convencional frente a los grupos ilegales, pero estos poseen ventajas territoriales, redes sociales locales, economías ilícitas, conocimiento del terreno, capacidad de dispersión y estructuras flexibles. El problema no será derrotarlos en enfrentamientos puntuales, sino sostener presencia estatal posterior, cortar finanzas criminales, proteger población civil y evitar que la presión militar genere desplazamiento o retaliaciones.
En este sentido, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que Colombia inició 2026 con deterioro de seguridad, aumento de integrantes de grupos armados y expansión de disputas territoriales. Esta valoración coincide con reportes sobre múltiples economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, deforestación y abusos cometidos por grupos armados contra la población civil.
4. EVENTOS QUE ROMPEN LA NORMALIDAD
Primero, la elección de De la Espriella representa un giro político hacia la derecha, con énfasis en orden, autoridad, reducción del Estado, libertades tributarias y seguridad de mano dura. Su victoria estrecha reduce el margen de consenso y aumenta la probabilidad de polarización en los primeros meses.
Segundo, la agenda de seguridad será el centro de gravedad del nuevo gobierno. De la Espriella ha prometido dar un plazo inicial a los grupos criminales para someterse a la justicia antes de intensificar el uso de la fuerza. En el caso del Clan del Golfo, la reactivación de la orden de extradición contra alias “Chiquito Malo” y la solicitud del grupo de continuar algún canal de negociación colocan al nuevo gobierno ante una decisión inmediata: sometimiento condicionado o confrontación frontal.
Tercero, la crisis fiscal limita el margen de maniobra. El presidente electo anunció que priorizará el refinanciamiento de la deuda pública, y su designado ministro de Hacienda ha buscado precisar que se trataría de un reperfilamiento de plazos, no de una renegociación que sugiera incumplimiento.
Cuarto, el deterioro de seguridad rural y criminal crea presión para resultados rápidos. Colombia alcanzó 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, según el monitoreo divulgado por Naciones Unidas, lo que mantiene al narcotráfico como combustible estratégico de los grupos armados y de las redes criminales regionales.
Quinto, la propuesta de reincorporar o revisar retiros de militares y policías durante el gobierno anterior puede convertirse en foco de tensión institucional. Aunque busca elevar moral y corregir posibles decisiones ideológicas, también puede generar disputas internas por jerarquías, ascensos, antigüedad y politización de la Fuerza Pública.
5. DIMENSIÓN POLÍTICA
La gobernabilidad dependerá de tres factores. Primero, la construcción de mayoría en Senado y Cámara. Segundo, la relación con la corte suprema, especialmente si se intenta gobernar mediante decretos agresivos. Tercero, la capacidad de contener movilizaciones sociales, sindicales, estudiantiles o comunitarias que rechacen la agenda de seguridad, ajuste fiscal o reversión de políticas sociales.
El escenario político más probable es una coalición pragmática. De la Espriella podrá mantener su narrativa de ruptura con la política tradicional ante la opinión pública, pero en la práctica necesitará negociar con sectores tradicionales. Esto puede darle viabilidad legislativa, pero también erosionar su imagen de independiente. El riesgo principal es que su base dura interprete las concesiones como debilidad, mientras la oposición las presente como retorno de “los mismos de siempre”.
En los primeros 90 días se puede esperar alta confrontación discursiva, pero también negociación silenciosa. El nuevo gobierno buscará mostrar rapidez; el Congreso buscará participación; la oposición buscará instalar la idea de amenaza democrática; y las corte suprema podrían convertirse en árbitro de los límites constitucionales del nuevo Ejecutivo.
6. DIMENSIÓN ECONÓMICA
La prioridad económica será recuperar confianza. El nuevo gobierno intentará enviar señales de disciplina fiscal, diálogo con banca multilateral, reducción del gasto, reorganización administrativa y eventual reforma tributaria. El anuncio de gestionar la deuda con bancos internacionales y organismos multilaterales apunta a reducir presión financiera y evitar que los mercados interpreten la situación como riesgo de impago.
En los primeros 90 días no debe esperarse una recuperación económica visible para la población. Lo más probable será una fase de estabilización de expectativas: reuniones en Washington, mensajes a inversionistas, revisión presupuestaria, anuncios de austeridad, priorización del gasto en seguridad y presión para aprobar ajustes fiscales.
El riesgo económico principal será social y político. Si el ajuste fiscal se traduce en recortes abruptos, reducción de subsidios, congelamiento de programas o reforma tributaria impopular, la oposición podrá activar protesta social. Si el gobierno evita el ajuste por cálculo político, los mercados podrían castigar la falta de credibilidad fiscal. Por tanto, De la Espriella enfrentará una disyuntiva: estabilizar mercados sin provocar una crisis social.
El escenario económico más probable es un ajuste gradual con lenguaje fuerte. El gobierno hablará de “orden”, “austeridad” y “salvar las finanzas públicas”, pero intentará dosificar medidas para no iniciar su mandato con una protesta nacional. La variable crítica será si logra respaldo del Congreso para una reforma fiscal o si debe depender de recortes administrativos de alcance limitado.
7. DIMENSIÓN MILITAR Y DE SEGURIDAD
La dimensión militar será el eje simbólico del nuevo gobierno. En los primeros 90 días se puede esperar una revisión de la política de “Paz Total”, suspensión o congelamiento de diálogos considerados ineficaces, fortalecimiento del mando militar, presión sobre zonas críticas, operaciones contra estructuras de alto valor y mayor coordinación con inteligencia policial y militar.
Las regiones más sensibles serán Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca, Chocó, Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Putumayo, Córdoba y zonas de frontera. En estos territorios, el Estado enfrentará actores armados con capacidad de movilidad, control social, extorsión, narcotráfico, minería ilegal y uso creciente de drones o explosivos improvisados.
Los cursos de acción más probables del gobierno en seguridad son cinco:
Primero: emitir un mensaje presidencial de ultimátum a grupos ilegales, ofreciendo sometimiento judicial limitado y amenazando con uso intensivo de la fuerza contra quienes no se acojan.
Segundo: reactivar operaciones ofensivas selectivas contra mandos, corredores de movilidad, laboratorios, rutas de narcotráfico, minería ilegal y estructuras de extorsión.
Tercero: fortalecer inteligencia estratégica, inteligencia criminal, inteligencia financiera y cooperación con Estados Unidos contra narcotráfico, lavado de activos y jefes de alto valor.
Cuarto: revisar ascensos, retiros y nombramientos dentro de Fuerzas Militares y Policía Nacional, con el objetivo de recuperar moral institucional, aunque con riesgo de fricciones internas.
Quinto: promover reformas legales para endurecer el sistema penal contra estructuras criminales, terrorismo, extorsión, secuestro, economías ilícitas y ataques contra la Fuerza Pública.
El riesgo militar es que los grupos armados decidan probar al nuevo gobierno en las primeras semanas mediante ataques selectivos, emboscadas, hostigamientos, paros armados, sabotaje de infraestructura, presión sobre comunidades o acciones urbanas de impacto psicológico. En ese caso, el gobierno podría responder con fuerza, generando una espiral de confrontación y aumento de desplazamiento.
8. DIMENSIÓN CONTRA GRUPOS ILEGALES
Frente a los grupos ilegales, los próximos 90 días estarán dominados por una lógica de sometimiento o confrontación. El gobierno buscará diferenciar entre estructuras con posible sometimiento judicial y organizaciones consideradas amenazas armadas activas. El Clan del Golfo puede intentar mantener una puerta abierta para negociación o sometimiento; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían endurecer posiciones para no aparecer debilitados.
La política más probable será una combinación de presión militar, presión judicial y presión financiera. Sin embargo, una estrategia centrada solo en el uso de la fuerza puede producir capturas y golpes mediáticos, pero no necesariamente control territorial sostenible. Para que tenga efecto real, deberá incluir presencia institucional, protección de comunidades, recuperación de vías, justicia local, sustitución económica y control de economías ilícitas.
En inteligencia, el punto central será identificar qué grupos pueden fragmentarse bajo presión. Una ofensiva fuerte puede dividir organizaciones entre facciones dispuestas al sometimiento y facciones que prefieren intensificar violencia. Esta fragmentación puede producir un efecto no deseado: más actores pequeños, más extorsión y más violencia local, aunque se golpeen mandos nacionales.
El escenario más probable es un aumento inicial de operaciones y capturas, acompañado de retaliaciones limitadas. El éxito o fracaso del gobierno no se medirá solo por número de bajas o capturas, sino por reducción de homicidios, extorsiones, confinamientos, desplazamientos, ataques a infraestructura y control armado sobre comunidades.
9. ESCENARIO MÁS PROBABLE
El escenario más probable para los primeros 90 días es una combinación de gobernabilidad negociada, seguridad ofensiva limitada y ajuste económico gradual. De la Espriella intentará proyectar autoridad, pero necesitará pactar con partidos tradicionales para aprobar reformas. En seguridad, buscará golpes visibles contra estructuras ilegales y enviará un mensaje de cambio frente a la política de negociación del gobierno anterior.
La economía se manejará con prudencia técnica. El Ministerio de Hacienda intentará tranquilizar mercados, buscar apoyo multilateral y presentar una hoja de ruta fiscal. No obstante, el ajuste será políticamente sensible y difícil de ejecutar con rapidez. En materia militar, habrá mayor respaldo público a la Fuerza Pública, revisión de mandos y operaciones selectivas.
En síntesis, el país entrará en una fase de ordenamiento inicial, no de estabilización plena. El gobierno podrá obtener victorias simbólicas, pero los resultados estructurales en seguridad y economía tomarán más de 90 días.
10. ESCENARIO DE MAYOR RIESGO
El escenario de mayor riesgo es una triple crisis simultánea: choque institucional, protesta social y escalada armada. Esto podría ocurrir si el gobierno intenta gobernar mediante decretos de alto impacto, si el órgano judicial bloquea parte de la agenda, si el Congreso exige concesiones excesivas y si grupos armados responden con ataques coordinados.
Una ofensiva militar mal calibrada puede producir desplazamientos, confinamientos y denuncias por abusos, lo que daría munición política a la oposición y presión internacional sobre el gobierno. Al mismo tiempo, una reforma fiscal o ajuste presupuestario impopular puede activar protestas urbanas y rurales. Si ambos factores coinciden, el gobierno podría enfrentar una crisis temprana de legitimidad.
El punto crítico sería que De la Espriella confunda velocidad con control. En Colombia, la seguridad no depende únicamente de operaciones militares, sino de coordinación institucional, legitimidad territorial, inteligencia precisa, justicia efectiva y sostenimiento de presencia estatal. Una estrategia de choque sin estabilización posterior puede generar resultados mediáticos, pero no consolidación.
11. ESCENARIO ALTERNATIVO FAVORABLE
El escenario alternativo favorable es que el gobierno logre articular tres líneas de acción: coalición en el congreso funcional, mensaje económico creíble y estrategia de seguridad focalizada. Bajo este escenario, De la Espriella evita medidas maximalistas, preserva institucionalidad, negocia con partidos tradicionales, recupera confianza de mercados y concentra la fuerza pública en corredores criminales prioritarios.
En este escenario, algunos grupos ilegales podrían explorar sometimiento judicial, especialmente si perciben mayor riesgo de extradición, presión financiera y pérdida de protección territorial. El gobierno podría obtener resultados tempranos en capturas, incautaciones, recuperación de zonas puntuales y reducción de ataques en áreas específicas.
Este escenario no eliminaría la violencia, pero permitiría construir una narrativa de control: “el Estado volvió a tomar la iniciativa”. Para que ocurra, el gobierno deberá evitar improvisación, politización militar, choques innecesarios con la Corte Suprema y promesas imposibles de cumplir en 90 días.
12. CONCLUSIÓN DE INTELIGENCIA
PRIMERO: Los primeros 90 días de Abelardo de la Espriella serán una prueba de mando y liderazgo, no una prueba definitiva de resultados efectivos de su gobierno. El nuevo presidente llegará con una promesa fuerte de orden, pero enfrentará un país físicamente presionado, políticamente dividido y territorialmente disputado por múltiples actores armados ilegales.
SEGUNDO: La variable decisiva será la gobernabilidad. Sin mayoría legislativa clara, el Ejecutivo deberá negociar con los partidos tradicionales. Sin disciplina fiscal, perderá confianza económica. Sin inteligencia precisa y presencia institucional, la ofensiva contra grupos ilegales puede convertirse en una escalada militar sin consolidación territorial.
TERCERO: La estimación más probable es que Colombia viva una fase de endurecimiento político, con anuncios fuertes, golpes selectivos contra grupos ilegales, tensión con la oposición y búsqueda urgente de respaldo económico internacional. No obstante, la seguridad no cambiará estructuralmente en 90 días. Lo que sí puede cambiar es la iniciativa estratégica: el Estado intentará recuperar la ofensiva.
CUARTO: En síntesis: De la Espriella no heredará solo un gobierno; heredará una prueba simultánea de legitimidad, orden público, deuda pública y control territorial. Si administra bien los primeros 90 días, podrá convertir su victoria estrecha en autoridad política. Si sobreactúa, puede abrir una crisis temprana de gobernabilidad.
ANEXO DE INTELIGENCIA
INDICADORES PARA MONITOREAR
• Composición final del gabinete de Defensa, Interior, Hacienda y Justicia.
• Primer paquete de decretos presidenciales.
• Declaración formal de partidos de gobierno, independencia u oposición.
• Reacción del Partido Conservador, Partido de La U y Partido Liberal.
• Primer proyecto de reforma fiscal o ajuste presupuestario.
• Reuniones con banca multilateral, Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos internacionales.
• Nombramientos en Fuerzas Militares y Policía Nacional.
• Decisiones sobre oficiales retirados o reincorporaciones.
• Suspensión, continuidad o reformulación de procesos de paz heredados.
• Respuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
• Respuesta del Clan del Golfo.
• Reacción de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
• Ataques contra infraestructura energética, vial o militar.
• Uso de drones, explosivos o emboscadas por grupos ilegales.
• Evolución de homicidios, extorsión, secuestro, desplazamiento y confinamiento.
• Movilizaciones sociales contra reformas económicas o de seguridad.
• Demandas ante la Corte Constitucional contra decretos o leyes del nuevo gobierno.
• Comportamiento del peso colombiano, riesgo país y deuda soberana.
• Posición de Estados Unidos frente a cooperación antidrogas y extradición.
• Reacción de organismos internacionales ante operaciones militares en zonas rurales.
