RETOS DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Radiografía de las principales estructuras armadas y criminales de Colombia
Fecha: 9 de agosto de 2026 | Clasificación: Uso analítico
RESUMEN EJECUTIVO
Colombia inició el periodo presidencial 2026–2030 con más de 27.000 integrantes contabilizados en grupos armados organizados y un crecimiento estimado cercano al 23,5 % durante 2025. Las ocho estructuras ilegales examinadas suman aproximadamente 27.367 miembros y ejercen injerencia no necesariamente control permanente en cientos de municipios colombianos.
En este escenario, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, constituye la organización criminal de mayor alcance territorial y capacidad económica. Su fortaleza radica en el número de integrantes, sus diversas fuentes de financiación principalmente narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas y su capacidad para utilizar grupos criminales locales para ejecutar acciones y ejercer control sobre comunidades y territorios.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene la mayor capacidad insurgente entre las organizaciones armadas. Conserva experiencia en ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura, presencia en zonas fronterizas y estructuras regionales con un alto grado de autonomía. Esta combinación le permite mantener capacidad para realizar acciones violentas, sabotajes y ejercer presión territorial aun bajo una mayor presión estatal de la fuerza publica.
· Las facciones pos-FARC —Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) y Segunda Marquetalia, no constituyen un bloque único. Sus fracturas producen oportunidades de sometimiento, pero también problemas de atribución, mandos medios autónomos y guerras entre facciones.
· En su discurso inaugural, De la Espriella ratificó que los grupos deberán someterse a la ley o enfrentar la respuesta de la Fuerza Pública; declaró agotada la opción de nuevos diálogos y anunció erradicación de cultivos ilícitos, incluida la fumigación aérea. Esta política puede elevar los costos del crimen, pero será insuficiente si no se sincronizan inteligencia financiera, justicia, protección de la población, presencia estatal permanente y alternativas económicas en enclaves de coca y minería ilegal.
La ventana crítica comenzó el 7 de agosto y abarcará los primeros 100 días. El atentado con camión bomba del 1 de agosto contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, que dejó 11 heridos y causó la muerte de un canino policial, anticipó la modalidad de desafío que puede enfrentar el nuevo gobierno. Las estructuras probablemente buscarán medir su voluntad mediante ataques de alto impacto, amenazas, sabotaje y coerción comunitaria.
ANALISIS DE INTELIGENCIA
ESCENARIO POLÍTICO-ESTRATÉGICO: ELECCIÓN, POSESIÓN Y PRIMERAS SEÑALES DE LA AGUDIZACION DEL CONFLICTO
Resultado electoral y legitimidad de origen
La segunda vuelta presidencial se celebró el 21 de junio de 2026. El escrutinio declaró electos a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026–2030, tras una diferencia aproximada de 250.000 votos frente a Iván Cepeda y Aída Quilcué. La estrechez del resultado no reduce la legalidad del mandato, pero sí configura una base política polarizada. La demanda de nulidad admitida por el Consejo de Estado debe vigilarse como variable jurídica y de movilización política; su admisión es un trámite procesal y no equivale a que se haya probado fraude, decretado nulidad o suspendido el acto electoral.
El nuevo Ejecutivo dispone de amplias atribuciones presidenciales para recuperar la seguridad en los territorios copados por los grupos irregulares, pero enfrenta un Congreso fragmentado, restricciones fiscales y oposición política con capacidad de movilización de masas. La diferencia electoral estrecha, la controversia judicial y las protestas registradas durante la posesión ofrecen a los grupos armados oportunidades para explotar la polarización mediante propaganda, desinformación, infiltración de movilizaciones o ataques de falsa atribución. El Gobierno debe separar protesta legítima, oposición política y acción criminal para evitar que una respuesta indiscriminada erosione su legitimidad.
Posesión y cambio de doctrina
De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto en Cali, primera posesión presidencial moderna realizada fuera del Capitolio Nacional. El simbolismo territorial y militar de la ceremonia comunicó prioridad sobre el suroccidente, recuperación de la autoridad y respaldo a la Fuerza Pública. En su intervención ratificó que los grupos armados y criminales deberán someterse a la ley o enfrentar una respuesta coercitiva del Estado; afirmó que la opción de nuevos diálogos está agotada y anunció la erradicación de cultivos ilícitos, incluida la fumigación aérea bajo criterios sanitarios y ambientales.
El cambio doctrinal es inmediato en el plano político, pero su transformación en efectos operacionales requiere tiempo por el cambio en directivas, reglas de enfrentamiento, inteligencia actualizada, recursos, apoyo judicial y presencia civil del Estado para llenar el vacío de poder. La designación del general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa refuerza la señal de conducción militar, aunque su eficacia deberá medirse por resultados territoriales y financieros que logren golpear con eficacia a estas estructuras armadas ilegales.
II. RADIOGRAFÍA DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES
1. EJÉRCITO GAITANISTA DE COLOMBIA (EGC)
Identidad y alcance: También conocido como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 9.915 integrantes; injerencia en 292 municipios. Mandos señalados: Chiquito Malo, El Cura, Gerónimo, Rodrigo, Richard y Monseñor.
Organización: Estructura federal con Estado Mayor Conjunto y redes regionales. Combina componentes armados, franquicias, bandas subcontratadas, redes urbanas y enlaces legales. Su cohesión se apoya en lealtades personales y reparto de rentas.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico migratorio. Controla o disputa corredores del Urabá-Darién, Caribe, Chocó, Bajo Cauca, Córdoba, Antioquia y rutas hacia ambos océanos.
Fortalezas: Mayor pie de fuerza, expansión sostenida desde 2018, liquidez financiera, capacidad de cooptación y adaptación. Puede ejercer control social sin exhibir grandes unidades armadas.
Vulnerabilidades: Dependencia de nodos financieros, corredores logísticos y pactos con actores locales; tensiones sucesorias; exposición del oro por minería ilegal y investigación patrimonial por lavado de activos.
Curso de acción más probable: Ataques selectivos, paros armados, coacción a contratistas y autoridades, uso de bandas locales y expansión hacia zonas abandonadas por otras facciones para llenar el vacío de poder.
Implicación para el gobierno: Prioridad estratégica 1. Campaña conjunta contra finanzas, logística portuaria, minería y redes políticas; impedir reemplazo de mandos; presencia permanente en Urabá-Darién, Bajo Cauca y Chocó.
2. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)
Identidad y alcance: 6.877 integrantes; injerencia en 217 municipios. Mandos señalados: Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito. Estructura histórica con frentes de guerra y presencia transfronteriza.
Organización: Comando central y organización federada con alta autonomía regional. La autonomía aumenta resiliencia, pero dificulta que una decisión nacional obligue a todos los frentes.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro. Presencia crítica en Catatumbo, Arauca, Chocó, sur de Bolívar y corredores fronterizos.
Fortalezas: Experiencia insurgente, explosivos, francotiradores, sabotaje a infraestructura, redes políticas y capacidad de refugio/movilidad fronteriza.
Vulnerabilidades: Diferencias regionales, desgaste de legitimidad por secuestros y abusos, dependencia de economías ilícitas y pérdida de Comuneros del Sur.
Curso de acción más probable: Ofensiva demostrativa contra Fuerza Pública e infraestructura, fortalecimiento fronterizo y alianzas tácticas contra EGC o disidencias según territorio.
Implicación para el gobierno: Prioridad estratégica 2. Inteligencia binacional/multilateral, protección energética y vial, operaciones diferenciadas por frente y oferta creíble de desmovilización individual.
3. ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC)
Identidad y alcance: 4.176 integrantes; injerencia en 131 municipios. Mandos señalados: Iván Mordisco, Antonio Medina y Dionisio Rayo.
Organización: Coordinación militar entre estructuras regionales, con intercambio de mandos y combatientes, pero problemas de cohesión. La ruptura de 2024 redujo la unidad organizacional.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal, extorsión y deforestación. Presencia en Amazonía, Orinoquía, Cauca y corredores orientales.
Fortalezas: Conocimiento rural, redes de reclutamiento, movilidad en selva, coerción comunitaria y capacidad de ataques coordinados con explosivos y drones comerciales adaptados.
Vulnerabilidades: Fragmentación, disputas con EMBF y otros actores, dependencia de corredores de coca y exposición de mandos medios a sometimiento.
Curso de acción más probable: Ataques en Cauca, Guaviare y Meta; presión sobre población para frenar operaciones; reacomodo o cambio de sigla tras golpes.
Implicación para el gobierno: Prioridad estratégica 3. Separar facciones, proteger corredores del suroccidente, neutralizar explosivos/drones y combinar presión con explotación de fracturas.
4. ESTADO MAYOR DE BLOQUES Y FRENTE (EMBF)
Identidad y alcance: 2.837 integrantes; injerencia en 104 municipios. Mandos señalados: Calarcá Córdoba, Danilo Alvizú, Jhon Mechas y Andrey Avendaño.
Organización: Coordinación dentro de bloques con problemas de cohesión tras la pérdida del Frente 18. Mantiene redes territoriales en áreas del centro, sur y oriente.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal, extorsión y deforestación. En partes de Meta y Caquetá ejerce control social y exacciones.
Fortalezas: Crecimiento militar, económico, político e ideológico desde 2018; capacidad de gobernanza local y adaptación a negociación/operación.
Vulnerabilidades: Divisiones internas, competencia con EMC y dependencia de mandos regionales. La ambivalencia entre diálogo y presión puede fracturar disciplina.
Curso de acción más probable: Resistencia localizada, amenazas a infraestructura y autoridades; posible uso del sometimiento para ganar tiempo o dividir presión estatal.
Implicación para el Gobierno: Prioridad estratégica 4. Supervisar cuidadosamente cualquier negociación con esta estructura, identificar y cortar sus fuentes de financiamiento y controlar las redes que utiliza para ejercer influencia sobre las comunidades. Además, se debe evitar que las zonas donde se concentren sus integrantes durante una eventual negociación se conviertan en espacios de protección desde los cuales puedan continuar sus actividades criminales.
5. COORDINADORA NACIONAL EJÉRCITO BOLIVARIANO (CN-EB)
Identidad y alcance: 2.144 integrantes; injerencia en 42 municipios. Mandos señalados: Walter Mendoza, Allende y Araña. Coalición entre Comandos de Frontera en Putumayo y Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño.
Organización: Coalición territorial más que organización plenamente integrada. Se fortaleció militar, económica y políticamente, pero su organización se debilitó tras separarse de Segunda Marquetalia.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Domina o disputa corredores fronterizos con Ecuador y salidas del Pacífico.
Fortalezas: Conexiones transfronterizas, control de corredores de cocaína, alianzas flexibles y capacidad de negociar desde posiciones territoriales.
Vulnerabilidades: Cohesión limitada entre componentes, identidad ideológica estancada, dependencia de rentas y de acuerdos entre mandos.
Curso de acción más probable: Defensa de Putumayo-Nariño, pactos con redes ecuatorianas criminales y reacción contra erradicación o interdicción fluvial/marítima.
Implicación para el gobierno: Prioridad estratégica alta regional. Operación Colombia–Ecuador, interdicción financiera y marítima, y ofertas diferenciadas por componente para su desmovilización.
6. AUTODEFENSAS CONQUISTADORAS DE LA SIERRA NEVADA (ACSN)
Identidad y alcance: 594 integrantes; injerencia en 22 municipios. Mandos señalados: Pinocho, Cholo y Bendito Menor. Mantiene vínculos personales y familiares con el legado de Hernán Giraldo, ex-AUC.
Organización: Cohesión basada en parentesco y lealtades locales. Organización territorial concentrada en Sierra Nevada, Magdalena y La Guajira.
Economías y territorio: Narcotráfico y extorsión, con interés en corredores costeros, turismo, puertos y economías locales.
Fortalezas: Arraigo social coercitivo, conocimiento del terreno montañoso y capacidad para controlar actividades locales y establecer reglas fuera de la autoridad del Estado.”
Vulnerabilidades: Menor masa y alcance; dependencia de redes familiares; presión simultánea del EGC y del Estado; vulnerabilidad de rutas y patrimonio.
Curso de acción más probable: Disputa con EGC, violencia selectiva, coacción al comercio/turismo y búsqueda de acuerdos locales.
Implicación para el gobierno: Prioridad regional. Proteger Santa Marta–Sierra Nevada–La Guajira, aislar redes financieras y evitar que una ofensiva fortalezca al EGC.
7. SEGUNDA MARQUETALIA (SM)
Identidad y alcance: 573 integrantes; injerencia en 21 municipios. Mandos señalados: Iván Márquez, Jhon 40 y Gerson González.
Organización: Perdió cohesión al separarse Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en 2024. Es la estructura más debilitada de la muestra.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal y extorsión, con redes residuales y contactos fronterizos.
Fortalezas: Capital simbólico de antiguos mandos, experiencia clandestina y capacidad para alianzas o intermediación criminal.
Vulnerabilidades: Fuerza reducida, pérdida de estructuras mayores, fragmentación, dudas de mando efectivo y alta dependencia de refugios y alianzas.
Curso de acción más probable: Supervivencia por dispersión, propaganda, acuerdos tácticos y transferencia de miembros a otras organizaciones.
Implicación para el gobierno: Prioridad operativa media. Favorecer sometimiento/deserción, impedir recomposición financiera y verificar rigurosamente pruebas de vida y cadena de mando.
8. COMUNEROS DEL SUR (CDS)
Identidad y alcance: 251 integrantes; injerencia en 14 municipios de Nariño. Mandos señalados: HH, Jairo y Fercho. Facción separada del ELN.
Organización: Mandos medios con autonomía; cohesión y voluntad de paz en discusión. Mantiene relación compleja con Autodefensas Unidas de Nariño, originadas en miembros de la misma estructura.
Economías y territorio: Narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Su pequeña escala no elimina su capacidad de coerción local.
Fortalezas: Conoce bien el territorio, mantiene contacto con actores locales y podría facilitar un proceso de negociación y desmovilización que sirva como ejemplo para otros grupos.
Vulnerabilidades: Tamaño limitado, fisuras, dependencia de economías locales y vulnerabilidad frente a grupos mayores.
Curso de acción más probable: Puede avanzar hacia dejación de armas o fragmentarse si los beneficios legales/económicos son inciertos o si otros actores ocupan su territorio.
Implicación para el gobierno: Caso piloto de desarme verificable. Condicionar beneficios a inventario de armas, verdad sobre rentas ilicitas, reparación, seguridad comunitaria y prevención de reciclaje criminal.
- RETOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO
- Recuperar territorio sin crear vacíos de poder posteriores
La Fuerza Pública puede recuperar poblaciones y atacar campamentos, pero la experiencia del Cañón del Micay demuestra que la acción militar por sí sola no garantiza el control permanente del territorio. Después de una operación, deben llegar y permanecer la Policía, la Fiscalía, los jueces y los servicios de salud y educación, además de mejores vías y oportunidades para la población. Si el Estado se retira después de una operación, otra organización criminal puede ocupar nuevamente el espacio y controlar o amenazar a la población.
2. Administrar el ultimátum y la reacción armada
El plazo político de 100 días para el sometimiento reduce la ambigüedad, pero compromete la credibilidad presidencial. Si transcurre sin marco jurídico, canales de recepción, protección a desertores y capacidad operativa, los grupos lo interpretarán como retórica. Si la respuesta estatal se ejecuta simultáneamente contra todas las estructuras, puede producir sobre extensión y alianzas tácticas entre rivales. El atentado de Cúcuta indica que la fase de prueba ya comenzó antes de la posesión y que los grupos irregulares están en la fase de medir fuerza contra el nuevo gobierno.
- Diferenciar insurgencia, crimen organizado y gobernanza ilegal
El ELN y algunas disidencias todavía mantienen un discurso político de extrema izquierda y capacidad armada, mientras que el EGC funciona principalmente como una organización criminal con varias estructuras y fuentes de financiación ilegal. Otros grupos combinan características criminales y políticas. Por eso, el Estado no puede aplicar la misma estrategia a todos. Algunos pueden ser objeto de negociación, mientras que otros requieren principalmente acciones de seguridad y justicia penal. Una estrategia diferenciada también puede aprovechar las divisiones internas entre estos grupos para debilitarlos.
- Golpear las economías ilícitas, no solo los hombres armados
Elnarcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la deforestación y el tráfico de migrantesgeneran los recursos que permiten a los grupos criminales reemplazar rápidamente a sus integrantes cuando son capturados o abatidos. Por eso, combatir solamente a los líderes no es suficiente. También es necesario seguir y quitarles el dinero, controlar el comercio ilegal de oro, químicos y combustible, investigar el lavado de activos y revisar las operaciones en puertos y empresas utilizadas por estas redes. Si se capturan los jefes pero se mantienen sus recursos económicos, otro integrante puede ocupar su lugar y la organización continúa operando.
4. Proteger a la población y mantener legitimidad
Los grupos controlan movilidad, justicia informal, reclutamiento, información y economías locales. Las operaciones deben minimizar daños civiles colaterales y anticipar desplazamientos, confinamientos y represalias. La disciplina operacional, la investigación rápida de abusos por violaciones a Derechos Humanos y la comunicación pública son capacidades estratégicas, no accesorios jurídicos que el gobierno debe implementar para perder la legitimidad.
5. Controlar fronteras y santuarios externos
Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y las rutas marítimas del Caribe y Pacífico condicionan movilidad, refugio, armas, cocaína y finanzas. Ninguna campaña exclusivamente doméstica neutralizará redes transfronterizas. El ingreso anunciado al Escudo de las Américas y el potencial paquete estadounidense fortalecen la cooperación, pero una ruptura diplomática con gobiernos vecinos puede reducir canales técnicos necesarios para vigilancia fronteriza, repatriación, inteligencia y persecución financiera.
7. Evitar la fragmentación inducida
La decapitación puede debilitar una estructura, pero también atomizarla en células más violentas y menos controlables. Deben existir planes de explotación de inteligencia, sometimiento colectivo o individual y estabilización inmediata para cada objetivo de alto valor.
8. Alinear seguridad, justicia y sistema penitenciario
Mega cárceles sin reforma procesal, clasificación carcelaria, inteligencia penitenciaria y control de comunicaciones pueden concentrar mandos y reproducir gobernanza criminal. La reducción anunciada del tamaño del Estado y la congelación del gasto añaden riesgo de descoordinación durante una fase que exigirá más fiscales, jueces, investigadores, custodios y capacidad de estabilización territorial.
ESCENARIOS PROSPECTIVO A 12 MESES
| Escenario | Probabilidad | Descripción e indicadores |
| Presión focalizada con avances graduales | 45 % | Operaciones por corredores prioritarios; sometimientos parciales; reducción localizada de homicidios y extorsión. Indicadores: activos incautados, Policía y justicia permanentes, y deserciones verificadas de grupos irregulares. |
| Escalada y dispersión criminal | 35 % | Ataques coordinados o imitativos por grupos irregulares, paros armados, reemplazo de cabecillas y desplazamiento hacia fronteras. Indicadores: aumento de artefactos explosivos, sabotaje, confinamientos y pactos entre grupos rivales. |
| Acuerdos fragmentados y doble juego | 15 % | Facciones menores aceptan canales de sometimiento mientras conservan rentas o transfieren armas. Indicadores: entregas incompletas, aparición de nuevos grupos irregulares y continuidad de la extorsión. |
| Deterioro nacional sostenido | 5 % | Sobreextensión estatal, crisis política o fiscal y expansión simultánea. Indicadores: pérdida repetida de cabeceras municipales, caída de operaciones y aumento nacional del desplazamiento de civiles por la violencia. |
MATRIZ DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA
| Indicador | Significado | Umbral de alerta |
| Ataques simultáneos en tres o más departamentos | Coordinación o imitación para desafiar al nuevo gobierno | Rojo: activación inmediata; análisis dentro de 72 horas |
| Paros armados o bloqueos coercitivos | Capacidad de control social y prueba de gobernabilidad | Rojo: duración superior a 48 horas |
| Aparición de nuevas siglas | Fragmentación, evasión de atribución o reciclaje criminal | Ámbar: presencia en dos o más zonas |
| Homicidios de alcaldes, fiscales o mandos | Campaña para inhibir la presencia estatal | Rojo: cualquier caso confirmado |
| Desplazamiento o confinamiento masivo | Disputa territorial o represalia contra la población | Rojo: tendencia semanal creciente |
| Reducción de la extorsión y aumento de rentas incautadas | Efecto real sobre la gobernanza criminal | Verde: resultado sostenido durante 90 días |
| Entregas con armas o activos incompletos | Sometimiento táctico, engaño o doble juego | Ámbar/Rojo: según gravedad y reincidencia |
CONCLUSIÓN
Sí. Para cerrar la radiografía con una apreciación estratégica, propondría estas siete conclusiones y una conclusión específica para Panamá. La elección de De la Espriella ya fue oficializada por el CNE y asumió el 7 de agosto de 2026, por lo que el documento debe tratar el tema como inicio de un nuevo ciclo de seguridad colombiano, no como una hipótesis electoral.
CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS
1. Colombia inicia un nuevo ciclo de seguridad
El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe un escenario caracterizado por la expansión y fragmentación de las organizaciones armadas y criminales. Las principales estructuras han aumentado su presencia territorial y capacidad económica, lo que convierte la recuperación del control estatal en el principal reto de seguridad del nuevo gobierno.
2. El EGC constituye la principal amenaza criminal
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) representa la organización criminal de mayor alcance por su número de integrantes, cobertura territorial, capacidad económica y conexiones con mercados ilícitos internacionales. Su capacidad para utilizar estructuras locales y adaptarse a la presión estatal hace que la captura de sus principales mandos, por sí sola, no garantice su desarticulación.
3. El ELN mantiene la mayor capacidad insurgente
El ELN continúa siendo el principal actor con capacidad para combinar presencia territorial, discurso político, acciones armadas y control de economías ilícitas. Su estructura descentralizada puede dificultar una negociación nacional y permitir que algunos frentes continúen actuando aunque exista presión o negociación con el mando central.
4. La fragmentación de las disidencias puede aumentar la violencia
Las divisiones entre el EMC, EMBF, CN-EB y otras estructuras no necesariamente reducen la amenaza. Una mayor presión militar puede provocar enfrentamientos internos, cambios de alianzas, desplazamiento de combatientes y disputas por territorios y economías ilícitas. El riesgo principal es que la fragmentación produzca más grupos pequeños y violentos, en lugar de una reducción efectiva de la criminalidad.
5. Las fronteras tendrán mayor importancia estratégica
La presión sobre las organizaciones dentro de Colombia puede aumentar su interés por utilizar zonas fronterizas como corredores, refugios, fuentes de financiación o áreas de reorganización. Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil presentan riesgos diferentes. En particular, la actividad de los Comandos de la Frontera en Putumayo y su capacidad para utilizar corredores hacia Ecuador y Brasil demuestra la dimensión transfronteriza del problema.
6. El nuevo gobierno deberá atacar las finanzas, no solamente a los combatientes
La principal dificultad será evitar que la captura o neutralización de mandos produzca simplemente reemplazos dentro de las organizaciones. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes y otras economías ilícitas proporcionan recursos para mantener las estructuras. La estrategia más efectiva deberá combinar operaciones militares y policiales con inteligencia financiera, control territorial, investigación patrimonial y presencia permanente del Estado.
7. Los primeros meses serán decisivos
El cambio de gobierno puede generar una reacción de las organizaciones armadas para demostrar que conservan capacidad de respuesta. De la Espriella ha planteado una política de mano dura y una ofensiva contra los principales cabecillas, por lo que es razonable esperar intentos de las organizaciones para preservar territorios, trasladar recursos, fortalecer alianzas y aumentar acciones de presión. El riesgo de una escalada inicial debe considerarse especialmente durante los primeros meses de gobierno.
III. PRIORIZACIÓN OPERACIONAL Y RECOMENDACIONES
- Crear un centro de fusión de Inteligencia interinstitucional con objetivos por corredor, no solo por organización; integrar inteligencia militar, policial, financiera, penitenciaria, aduanera y fiscal.
- Ordenar una evaluación contrainteligencia y de protección física de comandos policiales, bases, depósitos, puentes, oleoductos, subestaciones y aeropuertos. Incorporar las lecciones del atentado de Cúcuta: perímetros, vehículos abandonados, vigilancia técnica, detección de explosivos y tiempos de reacción.
- Publicar el marco jurídico del sometimiento a la justica: elegibilidad, plazos, entrega de armas, activos, información, reparación, protección y consecuencias por incumplimiento.
- Reforzar protección de instalaciones militares y policiales, infraestructura energética, puentes, corredores viales, alcaldes, fiscales y líderes comunitarios ante ataques demostrativos.
- Seleccionar tres teatros prioritarios: Urabá–Darién/Bajo Cauca; Cauca–Nariño–Putumayo; Catatumbo–Arauca. Evitar una ofensiva nacional a gran escala.
- . Negociar con Estados Unidos una matriz de capacidades para el paquete de USD 1.000 millones, con prioridades, indicadores, supervisión y sostenibilidad. Evitar adquirir sistemas cuyo mantenimiento, munición, entrenamiento o datos dependan indefinidamente del proveedor.
- Lanzar campañas conjuntas de recuperación territorial con paquete de estabilización financiado y cronograma de entrada de Policía, Fiscalía, justicia, vías de comunicación, salud y educación.
- Atacar cadenas de valor: oro, maquinaria de extracción, combustible, precursores químicos, lavado, contratación, puertos, comunicaciones y operadores jurídicos corruptos.
- Implementar un programa nacional de deserción y protección familiar basado en inteligencia, dirigido a mandos medios, explosivistas, operadores de drones y responsables financieros.
- Establecer métricas de efecto: población liberada de extorsión y confinamiento, activos decomisados, reducción de reclutamiento y permanencia institucional; no usar solo bajas y capturas.
CONCLUSIONES
1. Colombia inicia un nuevo ciclo de seguridad
El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe un escenario caracterizado por la expansión y fragmentación de las organizaciones armadas y criminales. Las principales estructuras han aumentado su presencia territorial y capacidad económica, lo que convierte la recuperación del control estatal en el principal reto de seguridad del nuevo gobierno.
2. El EGC constituye la principal amenaza criminal
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), representa la principal organización criminal de Colombia por su número de integrantes, cobertura territorial y capacidad económica. Su estructura descentralizada le permite utilizar grupos locales y adaptarse a la presión del Estado. Por ello, la captura de sus principales mandos no garantiza por sí sola la desarticulación de la organización, ya que puede reemplazar rápidamente a sus dirigentes.
3. El ELN mantiene la mayor capacidad insurgente
El ELN continúa siendo el principal actor con capacidad para combinar presencia territorial, discurso político, acciones armadas y control de economías ilícitas. Su estructura descentralizada puede dificultar una negociación nacional y permitir que algunos frentes continúen actuando, aunque exista presión o negociación con el mando central.
4. La fragmentación de las disidencias puede aumentar la violencia
Las divisiones entre el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) han aumentado la fragmentación de las disidencias y la competencia por territorios y economías ilícitas. Una mayor presión militar puede provocar enfrentamientos internos, cambios de alianzas, desplazamiento de combatientes y disputas por territorios y economías ilícitas. El riesgo principal es que la fragmentación produzca más grupos pequeños y violentos, en lugar de una reducción efectiva de la criminalidad.
5. Las fronteras tendrán mayor importancia estratégica
La presión sobre las organizaciones dentro de Colombia puede aumentar su interés por utilizar zonas fronterizas como corredores, refugios, fuentes de financiación o áreas de reorganización. Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil presentan riesgos diferentes. En particular, la actividad de los Comandos de la Frontera en Putumayo y su capacidad para utilizar corredores hacia Ecuador y Brasil demuestra la dimensión transfronteriza del problema.
6. El nuevo gobierno deberá atacar las finanzas, no solamente a los combatientes
La principal dificultad será evitar que la captura o neutralización de mandos produzca simplemente reemplazos dentro de las organizaciones. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes y otras economías ilícitas proporcionan recursos para mantener las estructuras. La estrategia más efectiva deberá combinar operaciones militares y policiales con inteligencia financiera, control territorial, investigación patrimonial y presencia permanente del Estado.
7. Los primeros meses serán decisivos
El cambio de gobierno puede generar una reacción de las organizaciones armadas para demostrar que conservan capacidad de respuesta. De la Espriella ha planteado una política de mano dura y una ofensiva contra los principales cabecillas, por lo que es razonable esperar intentos de las organizaciones para preservar territorios, trasladar recursos, fortalecer alianzas y aumentar acciones de presión. El riesgo de una escalada inicial debe considerarse especialmente durante los primeros meses de gobierno.
ANEXO DE INTELIGENCIA
CUADRO DE PRIORIDAD ESTRATÉGICA
| Prioridad | Estructura | Principal amenaza |
| 1 | EGC / Clan del Golfo | Mayor capacidad territorial, económica y criminal |
| 2 | ELN | Mayor capacidad insurgente, sabotaje y presencia fronteriza |
| 3 | EMC | Capacidad armada y control territorial rural |
| 4 | EMBF | Expansión territorial y control social |
| Alta regional | CN-EB | Narcotráfico y capacidad transfronteriza |
| Regional | ACSN | Control criminal en Sierra Nevada y corredores costeros |
| Media | Segunda Marquetalia | Supervivencia, alianzas y posible recomposición |
| Caso piloto | Comuneros del Sur | Potencial de desarme y transición negociada |
Nota analítica: El EGC representa la principal amenaza criminal por su tamaño, capacidad económica y expansión territorial, mientras que el ELN mantiene la mayor capacidad insurgente y de sabotaje. El EMC y el EMBF representan amenazas importantes por su presencia rural y capacidad de presión sobre las comunidades. Las demás estructuras poseen menor tamaño, pero pueden conservar importancia regional debido a su ubicación, economías ilícitas y capacidad para establecer alianzas. Por ello, la respuesta estatal debe ser diferenciada según la naturaleza, capacidad y territorio de cada organización, evitando aplicar una misma estrategia a todos los grupos.
FUENTES PRINCIPALES
Conflict Responses (CORE). «Fortalecimiento de grupos armados organizados en Colombia, 2018–2025» y «Seguridad fragmentada en 2025». https://www.conflictresponses.org/
Fundación Ideas para la Paz. «En Colombia la violencia va un paso adelante y el Estado corre rezagado» (17 feb. 2026). https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2026-02/el-balance-de-seguridad-de-2025-en-colombia-la-violencia-va-un-paso-adelante-y-el-estado-corre-rezagado
Fundación Ideas para la Paz. «Presidente De la Espriella: el reto de gobernar la seguridad sin salir de la democracia» (23 jun. 2026). https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2026-06/presidente-de-la-espriella-el-reto-de-gobernar-la-seguridad-sin-salir-de-la-democracia
Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA). Colombia: Country Focus, sección 3.2 (abr. 2026). https://www.euaa.europa.eu/colombia-country-focus/32-conflict-dynamics-and-main-areas-dispute
Human Rights Watch. Informe Mundial 2026: Colombia. https://www.hrw.org/es/world-report/2026/country-chapters/colombia
UNIDIR. «Desafíos de seguridad que impactan la salida de individuos de grupos armados y criminales en Colombia» (2026). https://unidir.org/wp-content/uploads/2026/04/unidir-desafios-seguridad-salida-individuos-grupos-armados-criminales-colombia.pdf
Defensoría del Pueblo de Colombia. Sistema de Alertas Tempranas y comunicados territoriales. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Reporte
Ministerio de Justicia / UNODC. Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2024 (publicado jun. 2026). https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/Informe_monitoreo_cultivos_Colombia_2024.pdf
Reuters. «Colombia’s outsider candidate De La Espriella vows military crackdown…» (11 feb. 2026). https://www.reuters.com/world/americas/colombias-outsider-candidate-de-la-espriella-vows-military-crackdown-boost-2026-02-11/
Registraduría Nacional del Estado Civil. «Elección de presidente y vicepresidente de la República 2026 — segunda vuelta». https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica-segunda-vuelta/
Consejo Nacional Electoral. Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, declaratoria de elección de presidente y vicepresidente para el periodo 2026–2030.
Reuters. «Colombian right-wing candidate De La Espriella wins tight presidential race» (21–22 jun. 2026). https://www.reuters.com/world/americas/colombia-votes-runoff-pitting-leftist-reformer-against-law-and-order-newcomer-2026-06-21/
Associated Press. «Truck explodes outside Colombia police base, injuring 11 officers and killing a dog» (1 ago. 2026). https://apnews.com/article/9e61381c07eb25c78ac2f5d4f46d12d8
Reuters. «New Colombia president pledges robust fight against crime, fiscal austerity in maiden speech» (7 ago. 2026). https://www.reuters.com/world/americas/de-la-espriella-take-office-colombia-president-pledges-security-crackdown-2026-08-07/
Reuters. «US says it plans $1 billion security assistance to government of Colombia’s new leader» (8 ago. 2026). https://www.reuters.com/world/us/us-says-it-plans-1-billion-security-assistance-government-colombias-new-leader-2026-08-08/
El País. «La crisis de seguridad más aguda en dos décadas espera un plan detallado…» (27 jun. 2026). https://elpais.com/america-colombia/2026-06-27/la-crisis-de-seguridad-mas-aguda-en-dos-decadas-espera-un-plan-detallado-de-abelardo-de-la-espriella.html
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